Las misteriosas visitas de una de jueza y un represor

En el expediente que instruyó Galeano y que diez años después del atentado el Tribunal Oral Federal 3 confirmó solo con respecto la utilización de una Trafic como coche bomba, las pistas llevan a Carlos Alberto Telleldín. Según él confesó, por la misma época en que la explosión desplomó la sede de la AMIA, se dedicaba a “blanquear” o “doblar” autos robados. El número del motor de la Trafic encontrado entre los escombros lo señaló como último tenedor del vehículo.

 

El 27 de julio de 1994, el reducidor de autos fue detenido por su participación en el atentado. En sus primeras declaraciones aseguró que le había vendido la camioneta a un hombre llamado Ramón Martínez. Lo reiteró en otras oportunidades. Por esa época, aseguran los acusadores, una llamada telefónica ya lo había vinculado a los Kanoore Edul. El 10 de julio, día en que se habría desprendido del vehículo, recibió en su casa, al teléfono que había publicado en los clasificados, solo dos llamados. Uno era de su hermano Eduardo. Otro “desde el celular que Alberto Kanoore Edul (hijo) usaba desde su auto”, dijo a Infojus Noticias una fuente con detallado conocimiento de la investigación, en la Unidad Fiscal AMIA.

 

Paralizada la investigación que llevaba a la familia Kanoore Edul y a su entorno, el ex reducidor de autos se convirtió en la única clave de la investigación. Y, según afirman los investigadores, en el único que podría dar elementos para mostrar públicamente resultados, aunque fueran falsos. 

 

Mientras estuvo detenido, Telleldín mantuvo algunas entrevistas en la cárcel que no estaban vinculadas a la causa. A principios de 1995, lo visitó Héctor Pedro Vergéz, un ex policía  del Departamento de Informaciones (D2) de Córdoba que durante la dictadura había actuado bajo el mando de Raúl Telleldín, padre de Carlos. En abril del 95, Telleldín denunció a Vergéz ante el juzgado de Galeano por presiones. Dijo que lo había ido a ver junto con Daniel Romero, y que se habían presentado como personal de la SIDE. Años después, el propio Vergéz, declaró ante tribunales que Galeano estaba al tanto de esas visitas y  pidió que las grabaran.

 

En junio de 1995, Telleldín pidió apartar a Galeano de la investigación; pero cuando el asunto llegó a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, no insistió. Después de que los camaristas desistieran de la recusación, el defensor de Telleldín pidió una entrevista con los camaristas. María Luisa Riva Aramayo (“La Piru”) aceptó el pedido y fue a verlo a la cárcel. En el escrito, Stinfale, no invocó nuevos motivos que hubieran ameritado otra reunión con la magistrada. Tampoco alegó razones de urgencia.

 

Muy allegada al ministro menemista Carlos Corach, en agosto de 1995 la camarista le dio a Galeano una nueva versión de los hechos y la excusa para gestar un expediente paralelo: la causa nº 1.598 caratulada “Brigadas”. Por una nota incorporada al expediente, Riva Aramayo aseguró que Telleldín le había desmentido la existencia de Martínez, el supuesto comprador; dio así pie a las negociaciones que terminaron en la entrega de U$S 400.000 de la SIDE, a  cambio de que Telleldín modificara su declaración inicial.

 

La magistrada falleció dos años después que se iniciara la investigación por el encubrimiento.