Javier De Gamas, María Susana Spina y Carlos Velasco son los ex secretarios del Juzgado Federal 9, donde Juan José Galeano condujo la investigación del atentado hasta diciembre de 2003, cuando la Cámara de Apelaciones lo apartó por considerar que perdió la imparcialidad. José “Pepo” Pereyra en aquel momento era prosecretario.
Galeano llega a juicio acusado de desviar la investigación y por una cantidad de conductas irregulares. Por ahora, sus secretarios deberán responder en indagatoria por “haber formado parte de la maniobra de desvío de la investigación”.
La investigación se conoce como “Secretarios” y está en manos del juez Ariel Lijo. En dos oportunidades -2012 y 2014- el magistrado emitió resoluciones sobreseyendo a los imputados: entendió que los funcionarios del juzgado (secretarios y prosecretario al mando de Galeano), no podían tener una mirada sobre la maniobra global del encubrimiento de los hechos. Sin embargo, la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal consideró, en las dos oportunidades, que el juez no tenía elementos suficientes como para definir esta situación y se los debía seguir investigando en profundidad.
Durante más de veinte años no dieron explicaciones en calidad de imputados. Spina siguió trabajando en el mismo juzgado (el federal N°9) donde comenzó su carrera y se gestó la maniobra de encubrimiento. De Gamas, en cambio, eligió el fin del mundo: se desempeña como juez de Instrucción en la Justicia provincial de Tierra del Fuego. Pereyra ocupó un cargo en el juzgado hasta 2009, y como Velasco (en 2004) optó por seguir su carrera en la actividad privada.
La investigación por el encubrimiento, empezó en 2000, y uno de sus detonantes centrales fue una declaración de Claudio Lifschitz, prosecretario de Galeano, que desnudó algunas irregularidades que cimentaron el encubrimiento.
Según se desprende de la causa elevada a juicio, Carlos Telleldín, en julio de 1996, cambió su declaración e involucró a policías de la Bonaerense como mano de obra local del atentado. Esa indagatoria se hizo y se filmó en el despacho de Spina. En 2003, la secretaria -que todavía ocupa ese cargo- recordó estos hechos como testigo en el juicio oral de AMIA. Contó que “la mayor parte del tiempo” dirigió el interrogatorio porque el expediente “Brigadas” estaba bajo su supervisión.
Cuando esas grabaciones se hicieron públicas, Galeano habría mandado a destruir otras, con testigos e imputados, presumiblemente filmadas en su despacho para presionarlos y consolidar la versión que llevaba a los policías. “De Gamas y Velasco llevaron los videos a la casa del último donde las destruyeron, con la complacencia de Spina, sin dejar constancia en la causa”, explicó el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, cuando presentó el “reclamo por retardo de justicia” contra Lijo, ante la Cámara. Ahora, por decisión de los camaristas, Lijo revisó los primeros sobreseimientos y los llamó a indagatoria.
El juez Lijo se ocupó de reconstruir los hechos por los que llamó a indagatoria, entre otros, al actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez; al ex inspector de la dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno bonaerense, Aldo Andrés Spicacci Citarella; a la abogada Marta Nélida Parascándolo y a los ex comisarios de la Bonaerense, Luis Vicat y Angel Márquez, por el delito de coacción.
“Conocían el direccionamiento que involucró a las más altas esferas del Estado, al jefe de la SIDE, al juez Juan José Galeano y a los fiscales en el desvío de la investigación”, dijo en mayo de 2015 la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que representa a la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando ante la Sala ad hoc de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dio los fundamentos para que este expediente continúe abierto.
En función a lo discutido en esa audiencia, el juez Lijo cambió la calificación e imputó a este grupo por el delito de coacción.
Para este nuevo pedido de indagatorias, el juez consideró suficientemente probado que los ex comisarios de la Bonaerense; el actual camarista Domínguez; la abogada Marta Parascándolo; y el ex inspector de la dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno bonaerense, colaboraron con el juez Galeano para involucrar en el atentado a los policías bonaerenses que resultaron absueltos. Concretamente, los indagará por haber presionado a los policías Bautista Huici, Diego Barreda y Claudio Araya, por entonces detenidos por orden de Galeano, para que ampliaran su declaración en ese sentido.
Una de las medidas más recientes en esta causa, es el llamado a indagatoria de funcionarios judiciales, abogados y policías que no están en la causa encubrimiento. Domínguez, Vicat y Parascándalo deberán presentarse el 10 y 11 de agosto. El 12 y 13 de agosto, serán indagados los funcionarios judiciales que estaban en el juzgado a cargo de Galeano: De Gamas, Spina, Velasco y Pereyra.
En una resolución, Lijo ya señaló que Vicat contó con la colaboración del por entonces abogado Domínguez y de su colega Nélida Parascándolo para ofrecerle al policía Huici (trabajaba con Ribelli) que “declare haber visto la camioneta Trafic (que habría explotado en la AMIA) en la Brigada de Investigaciones de Lanús”, e involucrara así falsamente al ex comisario Juan José Ribelli y a los otros policías como partícipes del atentado. Lo mismo, recordó la abogada querellante Gómez Alcorta, se repitió en los otros casos, y no se trató de una: habló de “una saga de reuniones” o encuentros donde los acusados presionaron a otros policías en este sentido.