Juan José Galeano, el juez que investigaba el atentado a la AMIA, en 1997 se enfrentó por primera vez a una denuncia por comprarle un cambio de declaración a Carlos Telleldín, el primer acusado en la causa. El pago se había hecho con dinero de la SIDE para que Telleldín involucrara a un grupo de policías de la Bonaerense. Uno de esos efectivos, Juan José Ribelli, recibió un video donde se veía al juez negociando con Telleldín, y pidió que lo investigaran.
La investigación por el pago quedó en manos de Gabriel Cavallo, un juez que veraneaba con Galeano en Punta del Este. Cavallo tardó cuatro meses sobreseer a su amigo. Otra jueza y tres camaristas lo dejaron hacer. Recién en abril de este año la Corte Suprema allanó el camino para que Galeano rindiera cuentas por el delito de peculado. El máximo tribunal confirmó la sentencia de Casación que anuló por “fraudulento” el fallo de Cavallo.
Ahora, Juan José Galeano se sentará entre los acusados por desviar la investigación que debía dar con los responsables de esa masacre.
En el video que sirvió de prueba en 1997 y que se volverá a proyectar en el juicio, se ve a Galeano negociando con el “doblador” de autos Carlos Telleldín para que -a cambio de 400.000 dólares de la SIDE- desmintiera que le vendió la camioneta (coche bomba) a un tal Ramón Martínez, como dijo inicialmente, y asegure que se la dio a los policías que lo extorsionaban.
Este video llegó a manos de Ribelli cuando llevaban casi seis meses con una medida de prisión preventiva, que para él comenzó el 12 de julio de 1996 y terminó recién más de siete años después, cuando el Tribunal Oral Federal 3 anuló la investigación de Galeano sobre el atentado. Con el video en mano, el ex policía pidió ampliar su declaración indagatoria y le llevó una copia al juez.
Considerando la prueba producida en el debate realizado en el Tribunal Oral Federal n°3, y, aquella acumulada al presente expediente, no se encuentra controvertido que el 25 de marzo de 1997 Juan José Ribelli, en una entrevista que mantuvo a solas con el juez federal Juan José Galeano, le entregó una cinta de video,explicándole que ese material había llegado a sus manos.
Este encuentro se hizo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9 de esta ciudad, una vez que Ribelli concluyó, en el marco de la causa nº 1598, una ampliación de su declaración indagatoria. Este video era copia de una filmación efectuada en ese juzgado el 1º de julio de 1996, en ocasión de entrevistarse el Dr. Juan José Galeano con el imputado Carlos Alberto Telleldín.
Galeano después diría que ese material estaba en la caja fuerte de su despacho, y denunció a Ribelli y a su abogado Mariano Cúneo Libarona por coacción. Cúneo Libarona presentó entonces una denuncia contra el juez y Javier De Gamas, uno de sus secretarios, al que también se veía en la filmación.
La causa contra Ribelli avanzó hasta 2004, cuando el TOF3 la invalidó, en el mismo fallo en el que anuló la investigación del atentado.
Antes de sobreeser a su colega, Cavallo había intentado excusarse diciendo que “tenía amistad” con una “parte” –sin aclarar que se trataba de Galeano, ni que el mismo año que le tocaba investigarlo, el juez de AMIA lo había “invitado a pasar unos días con su familia en la ciudad balnearia de Punta del Este”, como reconoció luego en otro expediente.
Cuando Cavallo se excusó, la jueza de instrucción María Servini de Cubría se negó a reemplazarlo. Dijo que no había sido preciso al referirse a la relación de amistad que tenía con una de las partes; no le pidió detalles, ni le preguntó a quién se refería. Simplemente rechazó la excusación.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero federal, integrada por Horacio Vigliani, Juan Cortelezzi y Luisa Riva Aramayo, confirmaron la decisión de Servini de Cubría y Cavallo siguió al frente de la investigación que implicaba a su amigo.
Más tarde se sabría que la jueza Riva Aramayo visitó a Telleldín mientras estaba detenido, primero en la cárcel de Caseros y después en la de Devoto. En agosto de 1995, antes que cambiara su declaración, fue varias veces a verlo. Y según determinaron los investigadores sería ella quien le llevó a Galeano los primeros datos para consolidar la versión que involucró falsamente a los policías.
En septiembre de 1997, aprovechando una licencia del fiscal Carlos Stornelli, Cavallo desactivó las testimoniales que les iba tomar a los fiscales de AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia –ahora también imputados por el encubrimiento-. Y la fiscal que lo estaba reemplazando no apeló los sobreseimientos.
En cuestión de meses, la denuncia contra Galeano estaba desactivada. Hasta 2000, cuando Claudio Lifschitz, un ex secretario del juzgado federal 9 que encabezaba Galeano, volvió a hablar de las maniobras de encubrimiento.
El 15 de agosto de 2000, un día después que Lifschitz apuntara contra su ex jefe en el programa Punto Doc, el Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia penal para que se investigaran estos hechos.
En 2003, los agentes de la SIDE fueron habilitados por el Ejecutivo a declarar en el juicio. Sus dichos consolidaron la versión del pago. Hablaron de los bancos en los que se entregó el dinero. Y dejaron en claro que los jefes de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el titular de Sala Patria Alejandro Brousson (fallecido) y su segundo Patricio Finnen se ocuparon de efectivizarlo. El debate sobre la conducta de Galeano volvió entonces a los tribunales
Galeano alegaba cosa juzgada: recordó el sobreseimiento de Cavallo en la denuncia del ’97. Los familiares de Memoria Activa, el Ministerio y la defensa de Ribelli decían que estaban frente a un veredicto groseramente injusto. En Derecho: “cosa juzgada írrita”.
Los abogados que peleaban para mantener abierta la investigación sobre Galeano alegaron que se trata de un crimen de Estado que implicó graves violaciones a los derechos humanos. Y recordaron, por ejemplo, que los testigos convocados por Cavallo para declarar sobre el pago –Telleldín, su abogado Víctor Stinfale y el presidente de la DAIA Rubén Beraja–, “lo estaban haciendo en causa propia, y brindaron una versión de lo ocurrido acorde a sus intereses”. Todos ellos hoy acompañan al juez Galeano en el estrado de los acusados.
El juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación por el encubrimiento, le dio la razón a las querellas. La Cámara Federal primero y en 2013 la de Casación ratificaron esa decisión. Los jueces Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani coincidieron. Y este último fue tajante con respecto a Cavallo: aseguró que el sobreseimiento “dictado en la causa Nro. 3.150/97, exhibe defectos de tal magnitud que lo tornan fraudulento”. En abril de este año la Corte Suprema confirmó esa resolución.
En el juicio por encubrimiento los jueces del Tribunal Oral Federal 2 buscaran determinar dos cosas. En primer lugar, si por pedido de Carlos Menem Galeano dejó de lado las pistas que llevaban a la familia Kanoore Edulm, cercana al por entonces presidente. Y por otro, intentarán determinar si Galeano hizo que se le pagara a Telleldín con dinero de la SIDE para usar a los policías como chivos expiatorios.
Además de por el delito de peculado, Galeano deberá responder por privar a los policías ilegítimamente de su libertad durante casi ocho años, hasta que el Tribunal Oral Federal 3 anuló todo el expediente.