Hace 14 años, cuando el juicio por el atentado en AMIA estaba por comenzar, no había en los tribunales penales de Comodoro Py un lugar en donde hacerlo. Los acusados eran 20, sus abogados 40, y también estaban los familiares de las 85 víctimas. Después de ese juicio, todo lo investigado por el juez Juan José Galeano se anuló. Lo único que quedó firme fue la sala en el subsuelo que lleva el nombre de la mutual. En ese mismo lugar, el 6 de agosto de 2015, a las 9.30, comenzará a juzgarse a los responsables del encubrimiento.
La “sala AMIA”, ubicada en el ala izquierda del edificio del barrio de Retiro, fue construida especialmente para juzgar entre 2001 y 2004 a los policías bonaerenses detenidos como partícipes necesarios del ataque. En el final de aquel debate, el Tribunal Oral Federal 3 declaró nula la investigación de Galeano, absolvió a todos y denunció a quienes ahora llegarán al banquillo de los acusados.
“Es la oportunidad que les damos de que digan la verdad”, le dijo a Infojus Noticias Adriana Reinsfeld, la hermana de Noemí, una de las mujeres que perdió la vida entre los escombros de la mutual. En estos años, Adriana acompañó a sus sobrinas, Ana Clara y Lucia, y, desde la agrupación familiar Memoria Activa compartió esperanzas y frustraciones con otros familiares. “Con este invento se tapó todo, la conexión local y cuál fue la célula terrorista que nos quitó a nuestros familiares”, agregó.
En el atentado del 18 de julio de 1994, murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. La causa que investiga el encubrimiento comenzó en el año 2000. Cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal N° 9 en el que recaló la investigación del atentado, contó que Galeano y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado. El telón de fondo era el enfrentamiento político entre el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, y Menem.
El entramado denunciado por Lifschitz se formalizó en una denuncia del entonces Ministerio de Justicia de la Nación. Tras varios años de investigación, en 2012 el juez federal Ariel Lijo elevó la causa a juicio oral. Lijo señaló que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el gobierno acordó con Galeano omitir la investigación de la pista que llevaba a un hombre cercano a la familia presidencial: el ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul.
Ahora, en el juicio por encubrimiento, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri como cuarto juez, buscarán determinar, por un lado, cómo y a través de qué medios Galeano siguió la instrucción presidencial. En esa trama se fueron involucrando personajes que, desde este jueves, también estarán sentados en el banquillo de los acusados. Entre ellos el ex policía de la Federal, Jorge “Fino” Palacios, que habría actuado dando aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la investigación.
De la Federal también está imputado el ex comisario Carlos Castañeda, entonces a cargo de la Departamento de Protección del Orden Constitucional (DPOC). Por el desvío de la investigación, las acusaciones son por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Galeano enfrenta todos estos cargos además de "prevaricato", un tipo de delito reservado para evaluar la conducta de los jueces por delito de peculado y privación abusiva e ilegal de la libertad.
La otra parte, elevada a juicio en 2011, involucra a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como el brazo ejecutor que “habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina”. Y señala a Carlos Telleldín, último tenedor de la Trafic que se habría usado como bomba en el atentado, como la vía para plantar en el expediente la versión que involucró falsamente a integrantes de las brigadas de investigaciones de la policía Bonaerense.
En este tramo, están imputados Galeano, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, su segundo, Juan Carlos Anchezar, el ex agente Patricio Finnen, los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Telleldín está acusado de haber recibido cuatrocientos mil dólares, provenientes de fondos reservados de la SIDE, para cambiar su declaración. La lista se completa con Ana Boragni, pareja de Telleldín y quien recibió el dinero y lo llevo a los bancos, y Víctor Stinfale, el defensor que los representaba en ese momento, y que la acompañó a cobrar y se habría quedado con un porcentaje del dinero.
Según las reglas fijadas por el tribunal presidido por Gorini, los familiares y las víctimas del atentado y los ex policías falsamente involucrados serán, terminada la etapa de indagatorias, los primeros en brindar su testimonio y el cronograma de testigos se completará según la sucesión cronológica del encubrimiento. La acusación fiscal estará a cargo del equipo designado al frente de la UFI AMIA tras la muerte de su ex titular Alberto Nisman.
Las audiencias serán grabadas en su totalidad a través de la División Servicios Audiovisuales de la Policía Federal. Los jueces autorizaron la transmisión en vivo del inicio del debate, de los alegatos y la lectura de la sentencia. La permanencia en la sala de periodistas, es con la opción a tomar nota, pero no a usar medios tecnológicos para registrarlas, limitándose los alcances de la difusión de un juicio histórico.
De las asociaciones de familiares, Memoria Activa tendrá como abogados a Rodrigo Borda y Alejandro Rúa; Apemia será representada por María del Carmen Verdú y a Ramiro Geber; y la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA tendrán como abogado a Horacio Etcheverry. La AMIA y la DAIA se presentarán en una querella unificada. En tanto, la unidad Especial AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estará representada por el subsecretario de Política Criminal Luciano Hazan.
Los policías bonaerenses que estuvieron presos producto de la versión de Telleldín, estarán representado por uno de ellos, el ahora abogado Juan José Ribelli, que se recibió estando en la cárcel falsamente acusado por el atentado durante casi ocho años. Los imputados deberán, entre otros delitos, responder por la privación ilegítima de la libertad de estos oficiales.
La AMIA y la DAIA no acusarán a Beraja, a pesar de que llegó al juicio oral acusado de haber participado de las reuniones en las que se decidió el pago que desvió la investigación del atentado ocurrido en 1994.
Débora Malamud/RA